Entre los meses de abril y julio de 2017, en Venezuela se experimentó un período de conflictividad social, en el cual se registraron cientos de protestas.

La respuesta estatal se caracterizó por un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes y contra la población que no participaba de ellas. Se constataron irrupciones de fuerzas de seguridad, así como el uso indebido de fuerza no letal en contra de manifestantes, lo que generó lesiones severas y muertes.

Amnistía Internacional ha analizado la información publicada por el Ministerio Público venezolano de la cual se desprende que entre el 6 de abril y el 27 de julio, 109 personas habían perdido la vida en el marco de la conflictividad social. Luego de esa fecha, la información fue cada vez más opaca y menos desagregada. Semanas después, las autoridades informaron sobre 128 personas fallecidas. Amnistía Internacional pudo precisar los nombres de 127 de ellas tomando como base la información del Ministerio Público.

Las muertes ocurridas en este período sucedieron específicamente en los estados Miranda, Táchira, Mérida, Carabobo, Barinas, Lara, Zulia, Bolívar, Trujillo, Anzoátegui, Trujillo, Vargas, Sucre y en la ciudad capital, Caracas.

De estas muertes, el 70% ocurrió por uso de armas de fuego por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad, civiles y personas desconocidas. El 64% de las víctimas mortales tenía entre 18 y 35 años de edad. El 13% eran menores de edad.

Según el último informe publicado por el Ministerio Público, 88 casos se encontraban en fase de investigación, en 33 habían habido acusaciones y en 6 no se tenía mayor información. Hasta la fecha, las autoridades no han publicado un informe en el cual se especifique la información actualizada sobre el estatus procesal de cada uno de los casos ni sobre el seguimiento de las investigaciones iniciadas.

El Estado venezolano debe investigar todos los casos y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas a través del uso desproporcionado, ilegal e indebido de la fuerza por parte de las autoridades o por la acción de grupos civiles armados en el marco de la conflictividad, garantizando asimismo la reparación integral a las víctimas.

Las protestas ocurridas en el año 2014 dejaron como saldo 43 personas muertas. En el 2017, el número se triplicó.

El Estado venezolano debe cesar el uso ilegal de la fuerza en contra de la población, garantizando su derecho a la manifestación pacífica.