El encarcelamiento y la decisión emitida contra Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana, muestran una clara falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia ¡Actúa ya!

Leopoldo López se entregó a la Guardia Nacional durante una manifestación contra el gobierno convocada por su partido en una plaza del este de Caracas, el 18 de febrero de 2014 y lleva detenido desde entonces. El 19 de febrero, compareció ante un tribunal que concluyó que no había pruebas para acusarlo de los graves delitos enumerados en la orden de detención, que incluían terrorismo, homicidio y lesiones graves, pero que había indicios de otros delitos, como incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir.

Estos delitos conllevan una pena de al menos trece años de prisión. La juez ordenó la prisión preventiva de López hasta que se conocieran los resultados de la investigación de la fiscalía.

Cuatro meses después, el 4 de julio de 2014, la juez resolvió admitir los resultados de la investigación del Ministerio Público y que había indicios suficientes para llevarlo a juicio. Además, decidió negar la libertad bajo fianza mientras esperaba la celebración del juicio.

A Amnistía Internacional le preocupa que el encarcelamiento de Leopoldo López parezca estar basado en razones políticas. La orden de detención fue emitida al día siguiente de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, acusaran públicamente a López de ser responsable de la violencia desencadenada durante las protestas contra el gobierno; por su parte, el presidente Nicolás Maduro pidió su encarcelamiento al día siguiente de su detención. Estas acusaciones públicas del poder ejecutivo, sin contar con el respaldo de pruebas verosímiles, no transmiten un mensaje claro de que las autoridades respetan la imparcialidad y la independencia del sistema judicial, y hacen dudar de que se esté respetando el derecho a la presunción de inocencia de Leopoldo López, lo que es crucial para un juicio justo. Se han puesto en duda la independencia y la imparcialidad del sistema judicial – una piedra angular del Estado de derecho- y, por tanto, la imparcialidad de su juicio es cuestionable desde el principio.

El 26 de agosto de 2014 el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas consideró la detención de Leopoldo López arbitraria e hizo un llamado al Gobierno para liberarlo inmediatamente. En la opinión, adoptada por el Grupo de Trabajo en su 70o período de sesiones, el Grupo observa que no es la primera vez que Leopoldo López enfrenta procesos legales y “sufrido represalias”.

Tras varias suspensiones de la audiencia, Leopoldo López es condenado a 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas de presión. Se ratifica la cárcel de Ramo Verde como su centro de reclusión. Ese mismo día, Amnistía Internacional declara a López preso de conciencia.

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