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Leopoldo López: 4 años injustamente preso

Leopoldo López, coordinador general y fundador del partido político de oposición, Voluntad Popular, es un prisionero de conciencia. Amnistía Internacional ha determinado que la sentencia en su contra tiene una clara motivación política, por lo que debe ser liberado inmediata e incondicionalmente.

El 12 de febrero de 2014, se libró una orden de captura contra López tras ser incriminado por altos representantes gubernamentales por la violencia desencadenada durante las protestas de ese día.

El 18 de febrero, López se entregó a la Guarda Nacional durante una manifestación convocada por su partido en una plaza del este de Caracas. Fue recluido en Centro Nacional de Procesados Militares "CENAPROMIL", conocida como Ramo Verde, una prisión militar en Los Teques, en las afueras de la capital.

El 4 de julio, la juez decidió que había indicios suficientes para iniciar el juicio contra López por los delitos de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir. Se le negó la libertad bajo fianza.

El 26 de agosto de 2014, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias dijo que la detención de López había sido arbitraria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió a las autoridades que lo liberaran inmediatamente.

El 10 de septiembre de 2015, López fue condenado a 13 años y nueve meses de prisión y el 13 de agosto de 2016, la corte de apelación ratificó la sentencia.

Durante su reclusión, López fue objeto de actos de intimidación y sus familiares denunciaron haber sido víctimas de acoso y hostigamiento. También fue sometido a regímenes de aislamiento. Por ejemplo, estuvo ilegalmente aislado y confinado sin poder recibir visitas de abogados y familiares durante 35 días entre el 8 de abril y el 7 de mayo de 2017.

El 8 de julio, López fue trasladado de la cárcel de Ramo Verde a su casa. Sin embargo, fue sacado sin justificación por oficiales de los servicios de inteligencia venezolanos durante la madrugada del 1 de agosto.

El 5 de agosto, López fue trasladado de regreso a su residencia, donde continuaría cumpliendo la sentencia que le fue impuesta.

Un fiscal involucrado en el juicio, la jueza que firmó la orden de aprehensión e inclusive, la Fiscal General de la República, han declarado en el exilio que fueron presionados por altas autoridades para condenar a Leopoldo López.